MITOS DE LA LSCP Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LA TERAPIA OCUPACIONAL (I)

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Tras nuestra participación en las Jornadas “Las profesiones liberales: retos de futuro” celebradas el pasado 16 de septiembre y organizadas por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a la que, desde estas líneas, queremos agradecer su invitación; consideramos de vital importancia seguir informando a nuestro colectivo sobre las repercusiones que sobre el tejido profesional en general, y la Terapia Ocupacional en particular, podría tener la publicación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, de aprobarse en los términos que hasta la fecha han sido conocidos.

Con esta intención, y a efectos de movilizar y empoderar aún más a l@s Terapeutas Ocupacionales hacia la defensa de unos intereses que consideramos más que legítimos y razonables, nos hemos decidido a desmontar algunos mitos sobre la LSCP y reflexionar sobre algunas de sus, más que probables, consecuencias.

10 MITOS DE LA LSCP

“Es una imposición de Europa”. Así se ha pretendido justificar desde la publicación de la Directiva Comunitaria 2006/123/CE y su necesaria trasposición en los diferentes territorios de la Unión. Y sin embargo, una revisión pormenorizada de los textos legislativos existentes sugiere que el Ministerio de Economía y Competitividad va mucho más allá de las teóricas exigencias de Europa, en sus pretensiones de liberalizar los sectores profesionales, excluyendo del necesario control algunas profesiones y/o sectores que desde Europa se consideran de necesaria supervisión por su especial interés público.

“Es necesario actualizar la normativa al respecto de los Colegios Profesionales en España”. La mayoría de los sectores profesionales parecen coincidir en la pertinencia de actualizar una Ley  de Colegios Profesionales que data del 74, pero no son menos las voces que apuntan a que las conocidas coloquialmente como Ley Paraguas y Ley Ómnibus (Ley 25/2009, de 22 de diciembre  y Ley 17/2009, de 23 de noviembre) aprobadas en España tras la Directiva Comunitaria suponen una revisión más que suficiente para hacer frente a esta cuestión. Por otro lado, resultaría no menos coherente aprovechar la voluntad de diálogo de los colectivos profesionales y sus Colegios para desarrollar una reforma fruto del consenso que resulte verdaderamente representativa y ajustada a los intereses de los principales implicados.

“En España hay un exceso de regulación en el ejercicio de las profesiones”. A partir del mapa interactivo de profesiones reguladas y su distribución por sectores económicos elaborado por la Comisión Europea, puede observarse como el número de profesiones reguladas en España (185), no excede, ni mucho menos, el de nuestros vecinos Europeos más próximos como Portugal (240), Francia (220), Italia (170) o Reino Unido (221), y se queda bastante cerca, o incluso por debajo, del de algunos países que hasta la fecha han sido espejos en los que mirarnos en materia de desarrollo económico y social: Noruega (182), Austria (231), Bélgica (130), Alemania (152), Dinamarca (155), Suiza (179), etc.

Si bien es cierto que el número de profesiones reguladas en países como Suecia o Finlandia es significativamente inferior (88 y 114), quizá cabría preguntarse si en estos países existen otros mecanismos de regulación de las profesiones liberales, tanto o más exigentes como los que existen en nuestro contexto de cara a garantizar la calidad de los servicios que se ofrecen a l@s ciudadan@s, como por ejemplo la existencia de organizaciones que definen unos estándares de excelencia profesional o incluso determinan la progresión en los estatus del profesional a lo largo de s vida laboral.

“En España hay un exceso de Colegios Profesionales y su existencia limita el ejercicio profesional”. Atendiendo al propio mapa citado con anterioridad, aún cabría plantearse que 185 profesiones reguladas son demasiadas para nuestro contexto (a pesar de que la mayoría de ellas se encuentran dentro del ámbito sanitario 36,8%). Sin embargo, una de las grandes paradojas de la LSCP, es que atenta contra la existencia misma de los Colegios Profesionales pre-existentes y la autonomía de los futuros supervivientes, culpabilizándoles de unas trabas excesivas, cuando del total de profesiones reguladas en España, se estima que solo entre 40 y 50 lo son a través de un Colegio Profesional, y la regulación del resto obedece a la acción y los criterios establecidos desde la propia Administración.

“En otros países de nuestro entorno no existen los Colegios Profesionales”. Quizá sea cierto que la figura de los Colegios Profesionales, como corporaciones de derecho público, tenga un componente patrio importante y que no existan como tal en otros contextos de la UE. ¿por qué eso nos lleva automáticamente a pesar que no se dan mecanismos equivalentes en el resto de países? ¿hasta dónde se ha demostrado que los modelos de regulación en otros contextos son más funcionales y ofrecen mejores garantías al consumidor que en España? ¿se ha valorado que quizá nuestro modelo basado en Colegios Profesionales pudiera ser exportable a otros contextos? incluso… de no existir Colegios Profesionales ¿Cuál sería la alternativa para el control deontológico de las profesiones? ¿la acción de la Administración o de los tribunales?. Atendiendo a su recorrido histórico y a su función social, y siendo coherente  con el compromiso hacia la revisión y perfeccionamiento de sus actuaciones ¿han demostrado los Colegios Profesionales ser unas estructuras ineficientes hasta el punto de merecer la extinción? y sobre todo… ¿se ha preguntado a los profesionales qué opinan sobre esta cuestión?.

“Es una Ley de carácter liberalizador”. Cabría debatir largo y tendido sobre si la liberalización del mercado es pertinente o no para según qué sectores profesionales y eso seguro sería motivo de otros tantos artículos. Pero lo que desde luego no parece admisible, y es la vuelta de tuerca que sobre la Directiva Comunitaria nos propone la LSCP, es la desregularización (y no la liberalización) de las actividades profesionales. “Abrir la veda”, por así decir, a que cualquiera pueda ejercer cualquier actividad, sin regulación o control alguno. Lo que resulta especialmente preocupante para colectivos como el nuestro, en el que muchos “profesionales” con o sin cualificación, se sienten ya de por sí legitimados para ejercer de Terapeutas Ocupacionales sin  haber pasado por los correspondientes 4 años de formación, y con el consiguiente riesgo para la salud de la ciudadanía. Cabría recordar aquí a los responsables del Ministerio que el dinero, desde luego, no puede justificarlo todo.

“Es una Ley pensada para reactivar la economía”. La justificación que hasta la fecha se ha esgrimido para el acometimiento de la LSCP ha sido siempre la reactivación económica. Quizá deberíamos aprender de la experiencia reciente, en la que la senda de las reformas emprendidas no siempre nos conduce a los resultados esperados y/o deseados y máxime cuando no existe un fundamento basado en hechos o evidencias, sino unas previsiones establecidas en base a teorías económicas, flujos y dinámicas que podrían variar hacia extremos que no se han previsto. Aseverar que esta Ley reactivará la economía, es creer “a pies juntillas” que el mercado y la competencia regularán por sí solas las tendencias económicas y la actividad empresarial; nadie nos ha explicado aún que ocurrirá con dichas tendencias cuando incorporemos a ellas variables como la publicidad engañosa, la competencia desleal, o el “gratis total”, sin mecanismos reales y efectivos de supervisión. Aunque en España, a estas alturas, deberíamos ser expertos en conocer las dolorosas consecuencias que acarrea la neo liberalización y la ausencia de herramientas de control de determinados sectores como la banca, el mercado inmobiliario, o la propia política.

En España, según los propios datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el 99,88% de las empresas son PYMES y entre ellas cerca del 96% son empresas de menos de 10 trabajadores, muchas de las cuales se dedican a la prestación de servicios profesionales y por lo tanto son las principales interesadas en conservar una regulación que no solo las protege frente a las variables anteriormente mencionadas, sino que las posiciona en unas condiciones más “garantistas” (si se quieren llamar así) a la hora de ofrecer su producto o su servicio al consumidor.  No son pocas las voces que alertan que la LSCP no solo no reactivaría el tejido económico, sino que fomentaría una nueva emergencia de economía sumergida.

“Las cuotas de colegiación en España limitan el ejercicio profesional”. Aquí cabría desde luego preguntarse ¿de qué cuotas hablamos cuando hablamos de cuotas?, pues en la intervención del Ministro de Guindos en el Parlamento tras la pregunta parlamentaria de la Diputada por UPN, Dña. Amelia Salanueva sobre la colegiación de l@s Terapeutas Ocupacionales, parecía referirse a unas exigencias económicas por parte de los Colegios Profesionales, poco o nada conectadas con la realidad. Al menos con la realidad de los Colegios de Terapia Ocupacional, y me animo a aventurar que con la práctica mayoría de los Colegios de otras profesiones.

Desde luego que la cuota de colegiación debe ser justa y proporcional, pero somos los propios profesionales en ejercicio los primeros interesados en que así sea y ya nos hemos encargado de implementar esas medidas de equidad en nuestras organizaciones. Mal que le pese a muchos compañer@s, las cuotas de Colegiación de l@s Terapeutas Ocupacionales en nuestro contexto son extremadamente bajas, tanto es así, que para llegar a ofrecer el volumen de servicios a la calidad en la que se ofrecen, las cabriolas económicas y las medidas de austeridad forman parte del día a día de nuestras Juntas de Gobierno.

“Es una Ley que mejorará los servicios que se ofrecen al ciudadan@”. Para asumir esta afirmación como cierta deberíamos preguntar a los usuarios de servicios profesionales, es decir, a la práctica totalidad de la sociedad, en qué medida crecerá su incertidumbre y su percepción de inseguridad al saber que las organizaciones que hasta la fecha velaban por el cumplimiento de los criterios éticos en el ejercicio de determinadas actividades, estarán atadas de pies y manos para desarrollar tal función en el futuro. Especialmente en el caso de aquellas profesiones que cambien su estatus de colegiación (de obligatoria a voluntaria) o permanezcan como colegiación voluntaria desde su creación.

Porque no nos llevemos a engaño, un Colegio voluntario, es al fin y a la postre una Asociación, con muy buenas intenciones, con legítimos intereses y probablemente con interesantes actuaciones al servicio de la ciudadanía, pero mutilado en sus recursos y en sus posibilidades de articular respuestas reales a las necesidades que emergen sobre su sector. La “concesión” de generar colegios de adscripción voluntaria, no es sino un regalo envenenado que, en realidad, viene a desarticular la capacidad de acción de los profesionales. De esto, y de los ofrecimientos de la Administración para cambiar nuestro estatus a una colegiación voluntaria, podríamos hablar largo y tendido los TO de Madrid.

“Es una Ley que respeta los criterios establecidos por Europa”. Podríamos pensar que en su ánimo de cumplir las “directrices europeas” nuestros legisladores han hecho un ejercicio de pulcritud extrema, sobrepasado incluso en el ánimo de ejemplificar nuestro papel como “locomotora de Europa”, tal y como expresaba el Ministro de Guindos. Sin embargo, y ateniéndonos a los únicos documentos que hasta la fecha han circulado sobre la LSCP, las declaraciones públicas y las escasas aclaraciones privadas, el rigor no ha sido tal, al menos para el caso concreto de los profesionales de la Terapia Ocupacional, lo que nos conduce hasta la delicada situación que vivimos hoy.

Porque si los criterios de la UE en relación con la necesaria regulación de las profesiones sanitarias hubieran sido tenidos en cuenta desde un inicio, no encontraríamos a la Logopedia, la Nutrición Humana y, por supuesto, a la Terapia Ocupacional, fuera de las profesiones consideradas de colegiación obligatoria, pues todas ellas se encuentran recogidas en la LOPS (Ley 44/2003 de 21 de noviembre) que nos reconoce como sanitarias a todos los efectos. Lamentablemente el legislador incurre aquí, en el mejor de los casos, en una incongruencia… y en el peor, en una exclusión deliberada, que a todas luces parece no reconocer el principio de igualdad entre unos y otros profesionales, o entre las garantías que se ofrecerán a unos u otros pacientes según el servicio o tratamiento necesitado.

Los criterios “subalternos” que han sido esgrimidos para justificar, a posteriori, tal situación, desde luego no parecen admisibles. Pues el hecho de no disponer aún de Consejo General de Colegios Profesionales o la imposibilidad de venir a regular una condición que aún no existe, (como es el caso de la colegiación obligatoria para l@s Terapeutas Ocupacionales) resultarían quizá válidos, si tal situación dependiese de nuestra propia negligencia o dejadez, y no de la Administración y de su voluntad para resolver las demandas que desde nuestro colectivo venimos reivindicando desde hace años.

Puestos sobre la mesa los mitos que sostienen el fundamento de esta propuesta legislativa, nos queda seguir informando y reflexionado sobre sus posibles consecuencias, cuestión que vendremos a abordar en próximas publicaciones de nuestro Blog, con el ánimo de que muchos más compañer@s comprendan la situación y se sumen a las actuaciones desarrolladas desde cada uno de sus Colegios Profesionales.

Un cordial saludo.

Daniel Emeric

Presidente de APTOCAM

 

 

 

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